Tema 4. Clases de obligaciones

Para comprender algunas de las peculiaridades de los distintos tipos de obligaciones que aquí se presentan, conviene asumir ciertas nociones previas que serán objeto de análisis más detallado cuando se estudie la extinción y el incumplimiento de la obligación : 

Es una conducta positiva del obligado consistente en entregar una cosa o transmitir un derecho. Estas son las reglas que el CC dedica a las obligaciones de dar: 

Si se incumpliere una obligación de dar una cosa, mueble o inmueble, el juez procederá a su entrega forzosa al acreedor (arts. 701 y 703 LEC). 

Es una conducta positiva del obligado consistente en realizar una actividad (un trabajo, un resultado, un servicio, etc). Dentro de las obligaciones de hacer se pueden hacer algunas clasificaciones: 

Si no se cumple una obligación de hacer y el acreedor sigue interesado en su cumplimiento, el juez dará un plazo al deudor para que la ejecute y, en caso contrario y siempre que se trata de un hacer no personalísimo, permitirá al acreedor que lo encargue, a costa del deudor, a un tercero (art. 705 y 706 LEC); si es personalísimo, se podrá imponer al deudor una multa mensual, durante el plazo máximo de un año, para forzarle a que cumpla (art. 709 LEC). 

Es una conducta negativa (omisión, abstención) del obligado consistente en no realizar una actividad concreta. Para conseguir el cumplimiento forzoso de estas obligaciones, la LEC (art. 710) faculta al juez a ordenar al deudor que deshaga lo mal hecho (por ejemplo, destruir el muro que se había obligado a no levantar); además, si, después de ser condenado por incumplimiento, persistiera en realizar la actividad “prohibida”, podría incurrir en delito de desobediencia.  

Son obligaciones de dar en las que el objeto de la prestación está determinado no de manera individual sino genérica, es decir, perteneciente a un género. Lo que identifica la obligación genérica es que el deudor cumple entregando una o alguna de las cosas pertenecientes a un determinado género. En cambio si la cosa está determinada en su individualidad, la obligación es específica. 

Las obligaciones genéricas se asientan sobre las siguientes reglas:

La obligación genérica se convierte en específica mediante la individualización, concentración o especificación de la prestación. Ésta se produce por la separación de la cosa o cosas del género que el deudor debe entregar al acreedor. 

La facultad de especificar le corresponde a quien le sea atribuida en el contrato, en defecto de previsión contractual, se estará a los usos y en defecto de éstos corresponde al deudor. 

En algunos casos las partes pueden delimitar alguna de las circunstancias o calidades de la cosa genérica. En este caso, la obligación se denomina de género limitado  y se caracteriza por la restricción de la regla genus numquam perit,  ya que si por caso fortuito o fuerza mayor perecen todas las cosas del género delimitado, el deudor se exime de responsabilidad.

Constituye una especie de las obligaciones genéricas, en la que el género a entregar es dinero (precios, rentas, etc.). Probablemente sea la más corriente de las obligaciones. 

“Por defecto”, una obligación dineraria consiste en el pago del nominal pactado (nominalismo), no el equivalente a dicha cantidad en el momento del pago y en función de las fluctuaciones de la inflación (valorismo). Si hace cuatro años se hubiera acordado pagar hoy x euros, hoy se pagarían esos x euros, aunque su valor no equivalga al que tenían hace 4 años. 

Esto, como decimos, es la regla de Derecho supletorio que se desprende del art. 1170 CCiv y la jurisprudencia, pero cede: 

Son aquellas en las que el deudor tiene a su cargo la realización de una serie de conductas similares, diferidas en el tiempo. Normalmente se trata de relaciones sinalagmáticas en las que a medida que una de las partes va realizando su prestación en el tiempo la otra debe ir correspondiendo con la realización de su propia prestación. Se suele establecer un plazo o término final, momento en el cual la relación quedará extinguida, no debiendo las partes a partir de entonces continuar realizando las prestaciones periódicas. 

El régimen de estas obligaciones, apenas reguladas, ha sido perfilado por la jurisprudencia, en concreto, respecto al problema de la resolución o extinción de las mismas, el Tribunal Supremo ha señalado que la relación puede quedar extinguida a voluntad o solicitud de cualquiera de las partes, siempre que sea con un preaviso suficiente para no causar daños indebidos a la otra. 

Una obligación es divisible cuando es susceptible de cumplimiento parcial o fraccionado y éste satisface el interés del acreedor. El CCiv las regula en los arts 1149 a 1151. 

 La divisibilidad o indivisibilidad puede puede provenir de la naturaleza de la obligación (así es indivisible la obligación de entrega un vehículo y es divisible la obligación de pagar una cantidad de dinero) o del acuerdo de las partes. 

Este criterio de clasificación tiene especial importancia cuando las obligación tiene una pluralidad de sujetos ya que puede ser determinante para poder valorar si estamos ante una obligación mancomunada o parciaria. 

Son aquellas en las que el deudor se libera cumpliendo una de las diversas prestaciones individualmente previstas (art. 1131 CCiv). 

La facultad de elegir puede recaer en el deudor; en el acreedor; en una tercera persona. La regla general, sin embargo, juega a favor del deudor  (Art. 1132 CCiv). 

La elección produce efectos a partir del momento en que ha sido notificada a la otra parte, siendo a partir de entonces irrevocable. No requiere la observancia de forma especial, ni la  aceptación por la parte receptora de la declaración de voluntad.  

Una vez realizada la elección, el deudor está obligado al entero cumplimiento de la prestación elegida, no pudiendo realizarla parcialmente. La elección, ya realizada, se transmite con la propia obligación. 

En este tipo de obligaciones tiene especial interés la imposibilidad sobrevenida. En estos casos hay que distinguir: 

Son aquellas en que una de las partes se reserva la facultad de modificar, en el momento del pago, la prestación prevista en el acto constitutivo de la obligación (facultas solutionis) y realizar o exigir una prestación diversa. “Debo A, pero también puedo pagar con B”. La principal diferencia con las obligaciones alternativas reside en que el riesgo de imposibilidad fortuita se concentra desde el principio en el objeto principal: si A resulta de imposible cumplimiento, por caso fortuito, la obligación se extingue y no debe entregarse B. Carecen de regulación en el CCiv. 

El CCiv utiliza esta expresión (también se llaman obligaciones recíprocas o sinalagmáticas) para referirse a aquellos supuestos en que dos obligaciones se integran en una más amplia que es la obligación recíproca. Cada una de estas obligaciones es causa de la otra, equivalente o contraprestación. Las partes son acreedores y deudores recíprocos. La interdependencia o nexo causal entre las prestaciones se denomina sinalagma o nexo causal. La idea del sinalagma expresa la pervivencia de la causa desde el momento constitutivo de la obligación y durante toda la relación obligatoria. Si el sinalagma o reciprocidad deja de existir puede producirse la resolución por incumplimiento.

Particularidades de estas obligaciones son la resolución por incumplimiento, la excepción de contrato no cumplido, y el especial régimen en caso de mora . 

Se funda en la regla de la ejecución simultánea y en la idea de que cada parte puede incumplir la parte de la obligación que le corresponde si la otra no cumple la suya. Nadie puede exigir el cumplimiento de la obligación contraria sin ofrecer el cumplimiento de la propia obligación. Quien está en situación de oponer la excepción ha decidido, previamente, suspender el cumplimiento de su obligación ante el incumplimiento de la contraparte. Doctrina y Jurisprudencia exigen la concurrencia de los siguientes requisitos para poder oponer la excepción:

Existe también la llamada excepción de cumplimiento defectuoso (exceptio non rite adimpleti contractus) que se opone cuando la otra parte ha realizado la prestación pero de forma defectuosa o parcial. Es una modalidad de la anterior. Si el que pretende oponer la excepción admitió la prestación sin reserva no puede oponerla pues iría contra sus propios actos. Si lo omitido o realizado defectuosamente afecta de tal manera que el interés del acreedor de la prestación no queda satisfecho, cabe la excepción. 

El ejercicio de las excepciones puede ser judicial  o extrajudicial. El efecto de ambas es la paralización y enervación de la pretensión de cumplimiento de forma provisional y pueden conseguir o el cumplimiento, o la resolución del contrato.

El art. 1124 CCiv dice “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento cuando éste resultare imposible”. 

Del precepto se deduce que el acreedor tiene derecho, ante todo, a que se satisfaga su interés en forma específica, es decir, a que se realice la prestación que se pactó. Además, y de forma compatible con la acción de cumplimiento, puede pedir la indemnización de daños y perjuicios si se dan las circunstancias para ello. 

La resolución a que se refiere el art. 1124 es un modo de extinción de la relación obligatoria por decisión unilateral de una de las partes, requiere que el acreedor haya cumplido su contraparte o esté dispuesto a hacerlo, y que el incumplimiento se deba a la otra parte. Se trata de una medida contraria al principio de conservación de los contratos. Por ello el art. 1124.3 permite al Tribunal denegar la resolución y señalar un plazo para el cumplimiento cuando  concurran causas justificadas para ello. 

La resolución pone fin a la relación obligatoria, le otorga a la parte cumplidora el derecho a que se le devuelva la cosa entregada salvo que se encuentre en poder de una adquirente de buena fe, en cuyo caso, tendrá derecho a que se le indemnice por los daños y perjuicios. [Para un análisis más desarrollado de la resolución por incumplimiento véase Nociones de responsabilidad contractual, [Tema 2, 5.1 ]

Está previsto en el último párrafo del art. 1100 del CCiv. Hay que distinguir dos casos:

Los sujetos de la relación obligatoria pueden ser más de uno, tanto en el lado activo como en el pasivo. Esto exige determinar las reglas organizativas de dicha colectividad. Las formas de organización básicas previstas en el Código civil  son la mancomunidad y la solidaridad:

El artículo 1137 CC establece que la solidaridad no se presume, la concurrencia de dos o más deudores o de dos o más acreedores sólo da lugar a la solidaridad “cuando la obligación expresamente lo determine. El art. 1138, presume la parciariedad: el crédito y la deuda se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores y deudores haya, reputándose créditos y deudas distintos unos de otros. 

La no presunción de solidaridad que establece el artículo 1137 CC, no exige el carácter expreso de la solidaridad sino que proscribe el carácter presuntivo. Por lo tanto la solidaridad puede derivar de una declaración de voluntad expresa, pero también tácita. 

🟤 El deudor que ha pagado puede: 

• Ejercitar la acción de reembolso del art. 1145, 1 y 2 CCiv con la que podrá reclamar de los demás codeudores la parte que a cada uno le corresponda, con los intereses del anticipo. 
• Subrogarse en la posición del acreedor, con las mismas garantías y antigüedad de su crédito (art. 1210.3 CCiv). 

🟤 La constitución en mora que se produce por el requerimiento de pago o intimación perjudica a todos por igual. 

🟤 La interrupción de la prescripción afecta a todos los deudores, sin embargo el reconocimiento de deuda sólo tiene efectos contra el confesante. 

Aunque el art. 1137 del CC dice que “sólo habrá lugar a (la solidaridad) cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria”, la jurisprudencia  hace ya tiempo que viene sosteniendo que la solidaridad no exige referencia expresa sino que basta con una “intención evidente” que  los tribunales deducen de diferentes circunstancias y aprecian, por ejemplo, solidaridad tácita cuando entre los deudores existe una unidad de propósito o una comunidad de intereses; así, por ejemplo, cuando dos personas compran una cosa para dedicarla después a un negocio común. 

O también, cuando varias personas son responsables de un hecho ilícito (dos conductores negligentes que ocasionan el atropello de un peatón), ambas responden solidariamente. 

La relación obligatoria puede estar sometida a una condición por la voluntad de las partes. El art. 1113.1 CCiv dice que “será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren.”. Así pues, la incertidumbre es una de las características propias de las obligaciones condicionales, en el sentido de que las partes deben ignorar si el suceso tendrá lugar o no, o si ha tenido lugar o no. 

Es importante saber qué condiciones admite el Derecho como válidas y, en segundo lugar, qué ocurre si una obligación se somete a una condición no permitida, pues caben dos consecuencias: que se anule la obligación misma o que se tenga la condición por no puesta (con lo que la obligación se mantendría como pura). 

No son válidas: 

El hecho de que una obligación esté sometida al cumplimiento de determinada condición no afecta a la validez de la misma sino a su eficacia. En relación a esta eficacia hay que distinguir dos posibles modos de operar la condición: 

Tanto en uno como en otro caso, la eficacia de la obligación depende de que tenga lugar el acontecimiento en que la condición consiste (art. 1114. CCiv).  

A pesar de la validez de la obligación, la relación obligatoria se encuentra en una situación de pendencia hasta el cumplimiento o definitivo incumplimiento de la condición. Nos detendremos en las diferentes fases de la condición:

🟤 Fase de pendencia (conditio pendent): El contrato produce efectos, el derecho es transmisible pero bajo condición. 

🟤 Verificación de la condición (conditio existit): Se produce la resolución del contrato, y se procede a la restitución de las prestaciones en las obligaciones de dar, en las obligaciones de hacer y de no hacer los Tribunales determinarán en cada caso el efecto retroactivo de la condición cumplida (art. 1120 CCiv). 

🟤 Fase de no verificación (conditio déficit): Se purifica el negocio y se consolidan las posiciones jurídicas. 

El pacto de retroventa o pacto de retro se configura como una condición resolutoria de la venta. Es el acuerdo por el que el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida, con la obligación de reembolsar al comprador el precio, los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo que hubiera hecho por la venta, así como los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. Debe acordarse en el mismo momento de la perfección del contrato cuya resolución se prevé. Está regulado en los arts. 1507 a 1520 CCiv. El derecho a recuperar la cosa que nace a favor del vendedor se llama retracto convencional. 

El término indica un momento  temporal en el que se inician o finalizan los efectos del Negocio Jurídico. Se diferencia de la condición en que no se refiere a un acontecimiento futuro e incierto sino futuro y cierto. Es también un requisito de eficacia negocial. 

Los efectos del contrato se desplegarán o cesarán al llegar el momento fijado: se incluyen dos modalidades: el término que fija un momento que se sabe que llegará y cuando ocurrirá (certus an et quando) y aquél en que se sabe que llegará aunque se ignore cuando (certus an et incertus quando).  

Podemos distinguir dos clases: el término inicial que marca el comienzo de los efectos de la obligación y el término final, que marca la extinción de los mismos. 

Existe una tercera figura que es el término esencial que indica que el negocio ha de cumplirse necesariamente a su llegada porque la prestación ejecutada fuera del mismo no satisface el interés que el negocio está llamado a producir. 

El modo es una  carga o gravamen que acompaña a una liberalidad o a una institución de heredero o legado. Quien resulta gravado por el modo está obligado a cumplir una conducta o un determinado comportamiento desde el momento en que acepta la liberalidad. No se trata de una contraprestación (como ocurre en los negocios onerosos). 

El modo está relacionado con la eficacia del negocio ya que sino se cumple puede producirse la revocación de la liberalidad. El art. 647 CCiv dice que  “la donación será revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquél le impuso”. El art. 797 CCiv, se refiere a la revocación de la obligación modal que se incluye en una institución de heredero o un legado.